por InfoSaludSantaFe
Un largo y emocionado aplauso coronó la lucha de la familia de Justina Lo Cane, la nena de 12 años que murió, en noviembre de 2017, a la espera de un trasplante de corazón. Por unanimidad, con 202 votos positivos, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó en 2018 la llamada "Ley Justina", la cual dispone que todas las personas mayores de edad pasen a ser donantes, a menos que dejen constancia expresa de lo contrario.
El debate, en aquel momento, contó con la presencia de los padres de Justina, Ezequiel y Paola, promotores de la ley junto al senador Juan Carlos Marino (UCR). Representantes de todos los bloques agradecieron su lucha y exaltaron que esta iniciativa cambiaría el paradigma de la donación de órganos en nuestro país, y que por ello sería un modelo para el resto de América latina.
La conmoción que provocó la muerte de Justina y la batalla que encararon luego sus padres por la sanción de una nueva ley aceleraron los tiempos legislativos. Así fue como el 30 de mayo de 2018, en coincidencia con el Día Nacional de la Donación de Órganos, tuvo media sanción en el Senado, por unanimidad. Y el 4 de julio de ese año la Cámara de Diputados la convirtió en ley sin necesidad de debate previo en comisión, ya que el apoyo era unánime.
Esta nueva ley modificó la legislación que existía sobre donación de órganos sancionada en 2005, la cual establecía la figura del "donante presunto". Aquella norma, si bien establecía que toda persona mayor de edad era donante de órganos, a su muerte la última palabra la tenían los familiares.
"Antes de la Ley Justina, para ser donantes, las personas debían manifestar su voluntad de donar sus órganos. Si una persona fallecía y no manifestaba su voluntad de donar sus órganos se preguntaba a sus familiares si sabía cuál era la voluntad y tomaban la decisión”, explicaba la diputada Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. “Con esta ley serán donantes todas las personas mayores de edad. Los que no quieren ser donantes, podrán dejarlo expreso. Esta ley producirá un cambio de paradigma, ya que todos nos vamos a convertir en portadores para poder evitar una muerte por no recibir un órgano, un tejido o una célula", agregaba.
¿QUÉ DICE LA LEY?
La ley establece explícitamente el derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad tanto de los donantes como de los receptores. También, el derecho a la información y al trato equitativo e igualitario. También se establece la prioridad en el traslado aéreo y terrestre de pacientes operativos en curso.
Otro de los aspectos importantes es que los hospitales públicos y privados deberán contar con servicios de procuración destinados a la donación de órganos y tejidos, que permitan garantizar la correcta detección, evaluación y tratamiento del donante.
Asimismo, se incorpora la donación renal cruzada; se simplifican y optimizan los procesos que requieren intervención judicial; y se suma un capítulo dedicado al abordaje del tema de la donación y trasplante de órganos en los medios de comunicación.
Por último, según las cifras actuales del Incucai, hay 7156 personas que esperan un trasplante para salvar su vida, entre niños, adolescentes y adultos.